PRONUNCIAMIENTO DEL CPPe CON RESPECTO A LA R.M. N° 326-2020-MINEDU

El Ministerio de Educación, en medio de la crisis sanitaria, emitió la R.M. N° 326-2020-MINEDU, autorizando y promoviendo la suscripción de convenios con entidades privadas nacionales e internacionales denominadas “sin fines de lucro”, para transferir la gestión de instituciones educativas públicas a la gestión privada.

GOBIERNO BUSCA ENTREGAR A ENTIDADES PRIVADAS LA GESTIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La norma, establece procedimientos, facilidades y responsabilidades de las instancias del sector educación y las entidades privadas, para concretar tal propósito.

Evidentemente, la R.M. N° 326-2020-MINEDU, no cuenta con sólidas bases técnicas, planes pilotos ni diagnóstico que sustente su viabilidad y sostenibilidad. Su carácter es antidemocrática, elaborado sin consulta social ni respaldo de entidades educativas y académicas prestigiosas. Hace poco se publicó el D.S. Nº 009-2020-MINEDU, mediante la cual, el gobierno aprueba el “Proyecto Educativo Nacional – PEN al 2036 – El Reto de la Ciudadanía plena”. Dicho PEN, propone fortalecer los procesos de descentralización, el carácter público de la educación, la autonomía de las instituciones educativas, una comunidad educativa dinámica y participativa en la gestión escolar, entre otros. Siendo así, la resolución mencionada, es la expresión de la improvisación y escasa vocación democrática, ajeno a cualquier proyecto a largo plazo. La inclusión y equidad, son grandes políticas de Estados, y son ellas las que tenemos que promover, la que está ausente en la presente norma.

El MINEDU sostiene que el propósito de la transferencia es para garantizar la mejora de la calidad educativa. Siendo así, la entidad rectora abdica a su rol fundamental de dirigir la gestión educativa con liderazgo y calidad, que deben ser objetivos políticos del Estado.

La educación está en crisis y, superarla requiere de una profunda reforma educativa, que afirme la educación pública y de calidad, como parte del derecho humano y el desarrollo nacional, asumida por todos los actores políticos. La educación conducida por el Estado, es garantía de acceso para todos en condiciones de equidad y calidad, lo que se pone en riesgo si se implementa la norma cuestionada.

El Estado, al eludir su rol, descargando su responsabilidad a las entidades “sin fines de lucro”; se desentiende de los trabajadores del sector privado, y permite que se generen grandes brechas educativas en la población más necesitadas de las zonas marginales, andinas, rurales y de la selva, quienes quedarán en manos de un sector educación que abdica de la necesidad de hacer una gestión educativa con calidad y liderazgo.

La Junta Directiva Nacional y las 26 Juntas Directivas Regionales del Colegio de Profesores del Perú, invocamos al Ministerio de Educación para derogar la resolución cuestionada y evitar, el clima de conflictividad, desconfianza e incertidumbre que viene generando en los docentes y padres de familia. Afirmemos la necesidad de promover la autonomía de las Instituciones Educativas con participación de la comunidad educativa, estimulando las buenas prácticas, la innovación educativa, la investigación y desarrollo tecnológico; pero no podemos dejar en manos privadas, la gestión escolar, que, a largo plazo, será un gran retroceso, tal como ocurrió con los intentos fallidos de la municipalización de la educación.

Es tiempo de dar a la educación pública la prioridad que se merece. Invocamos al congreso de la república aprobar en segunda votación la modificación del Art. 16 de la Constitución política del Estado para destinar el presupuesto educativo en no menos del 6% del PBI anual; implementación del proyecto educativo nacional en el marco de una descentralización efectiva y proyecto nacional de desarrollo; contar con un diseño curricular democrático, incluyente, científico, humanista y para el desarrollo usando todas las bondades de la ciencia y la tecnología; construir un modelo pedagógico emancipador que valore el saber y la cultura nacional, y recoja las mejores experiencias que contribuyan a la mejora educativa; establecer como política de Estado la formación inicial del docente con sólidas bases teóricas, pedagógicas, científicas y didácticas y con trato digno al docente en servicio para cumplir su delicada labor con decoro y dignidad.

Llamamos a todas las entidades privadas, y a los “sin fines de lucro”, hacer llegar su aporte voluntario y extraordinario, para mejorar la educación pública. El ministerio de educación en alianza con la sociedad civil, debe promover la movilización nacional para recaudar dichos aportes, y contar con un fondo destinado a la mejora de la infraestructura educativa de las zonas más necesitadas.

Lima, 25 de setiembre de 2020

Director de Prensa, Eventos y Publicaciones.