EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN REMOTA 2020, LECCIONES APRENDIDAS Y PROPUESTAS AL BICENTENARIO
La crisis sanitaria mundial, nos permitió conocer las grandes brechas económicas del modelo económico neoliberal, y las prioridades del gobierno a la hora de tomar decisiones, donde la salud y la educación siempre fueron postergadas.
La pandemia del COVID-19, marcó la agenda educativa del 2020. En medio de dicha emergencia, el Ministerio de Educación tomó la decisión de implementar la educación remota con su estrategia “Aprendo en Casa”. Su implementación estuvo acompañada de la publicación de una serie de normas y directivas que orientaron el trabajo docente y permitió que los estudiantes de la educación básica tengan la oportunidad de no perder el año escolar. Es valorable el gran número de cursos de capacitación en línea organizada por diferentes instituciones, entre ellas, las organizadas por el CPPe, con temáticas de actualidad y con apoyo de aliados estratégicos, a quienes agradecemos por apostar en bien de nuestra educación.
Los docentes, en su condición de planificadores, organizadores, orientadores y dinamizadores de los aprendizajes, se reinventaron para asumir su rol. Desde mantener el vínculo permanente con los estudiantes, hasta manejar con regularidad los diversos recursos y plataformas digitales. Reconocer las extensas horas de capacitación, actualización y trabajo dedicado a la sostenibilidad emocional de los estudiantes y su familia, desarrollar buenas prácticas educativas e innovación para cumplir los objetivos de la educación. Se suman a esto, el aporte de sus herramientas tecnológicas, energía eléctrica, espacios físicos en su domicilio y financiamiento de los servicios de telefonía.
La emergencia sanitaria afectó duramente a los docentes, especialmente de las instituciones educativas privadas con despido de sus centros de trabajo, contratación tardía para atender a más de 110 mil estudiantes trasladados de las instituciones educativas privadas a las públicas y con más de 1100 docentes nombrados fallecidos entre los cuales, se sobrepasa los 620 por el COVID-19, sin contar las pérdidas de vida de los docentes del sector privado, contratados y de las universidades. Al respecto, el CPPe, siempre estuvo presente en los medios de comunicación, alertando a las autoridades y exigiendo a los mismos la dotación de recursos financieros, contratación oportuna, y un programa de acompañamiento socio emocional a los familiares de los docentes fallecidos o afectados.
En este año atípico, nuestro reconocimiento a los padres de familia, quienes fueron nuestros aliados estratégicos, al asumir roles de apoyo significativo en el aprendizaje de sus hijos. Este rol no solo debe ser en tiempos de pandemia o crisis, sino, ser permanente como miembros activos de una sociedad educadora.
El 2020 nos permitió conocer la lentitud de la gestión del Estado en la solución de los problemas. Uno de los temas vitales que se debe convertir en servicio básico es el internet; sin embargo, solo tiene alcance a un tercio de la población. Esta lamentable situación se quiso remediar entregando un millón de tabletas a estudiantes y docentes, lo que no se cumplió en el plazo previsto y queda como pasivo a resolver para el inicio del año académico 2021.
El escaso alcance de la radio y la televisión, sumado a la parsimonia y poco interés de las autoridades regionales y locales han sido otro de los factores que afectó a la educación de los sectores más pobres. El desinterés del sector privado por brindar servicios de internet, telefonía, radio y televisión en vastas regiones altoandinas y selva peruana, es la muestra de su prioridad rentista y especulativa, que debe ser superada con un rol más activo del Estado, acorde a un “mundo desarrollado”. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la responsabilidad de acelerar los proyectos que ya fueron encaminados, y el MINEDU tiene que buscar alternativas digitales sin conectividad para llegar a los sectores más postergados.
En términos de atención educativa, las zonas rurales, son las que tienen la mayor brecha. Según datos de Defensoría del Pueblo, más del 82% de estudiantes de Educación Bilingüe Intercultural accedieron a clases solo por radio o televisión, dificultando el desarrollo de sus competencias, ya que sin internet no hay educación sincrónica, retroalimentación, ni procesos de búsqueda de información en línea. La educación remota no tiene eficacia ni calidad si no va acompañada de conectividad y herramientas tecnológicas. Ahí radica la deficiencia del servicio educativo del presente año. Los contenidos propuestos por el MINEDU, podían ser adecuados al contexto regional y local; pero las regiones no cuentan con logística y especialistas regionales y locales, dedicados a planificar actividades de aprendizaje propios de su contexto. El centralismo, aún nos tiene atado a Lima y a las orientaciones de las oficinas burocráticas del MINEDU, que deben ser superadas con autocrítica y reestructuración. Sumemos a esta crisis, el grave estado de los locales escolares; más del 45% de Instituciones Educativas tienen la infraestructura deteriorada, que exigen casi 100 mil millones de soles y lo lamentable, solo un 38% de nuestras escuelas cuenta con los servicios básicos de luz, agua y desagüe, lo que deben ser superadas antes del retorno a la presencialidad que se viene anunciando.
Al presente año, tenemos un PEN 2036 aprobado. Fue elaborado por el Consejo Nacional de Educación, y uno de sus ejes fundamentales es el de construir una ciudadanía activa, fortaleciendo el carácter público de la educación. Para tal fin, necesitamos una docencia bien preparada, reconocida, valorada y remunerada; pero con un Estado fuerte y con liderazgo para atender a todo el sistema educativo del país. Actualmente, casi el 30% de la población nacional financia la educación de sus hijos en las instituciones educativas privadas, donde muchas de ellas son de baja calidad. El objetivo del Estado debe ser, garantizar una educación pública de calidad para todos, y en ese sentido, se debe derogar la improvisada R.M. N° 326-2020-ED, que pretende entregar la gestión escolar a entidades privadas “Sin Fines de Lucro”.
El presupuesto destinado para educación debe tomar en cuenta la propuesta del Acuerdo Nacional, que en el 2002 propuso un incremento de 0,25% anual hasta llegar al 6%. Pasaron 18 años y seguimos por debajo del 4%. En estas condiciones, el Congreso de la República, aprobó la enmienda constitucional del Art. 16 de la CPE, sosteniendo que el presupuesto para educación debe ser no menos del 6% del PBI, el mismo que fue aprobado por la Ley N° 31097, refrendado por el presidente de la República y publicada el día de hoy 29 de diciembre de 2020. Este hecho, fue una exigencia realizada por muchos años por el SUTEP, los gremios de la educación y de la UNDEP, del cual es parte el CPPe; en adelante nos toca ser vigilantes para que dicha enmienda se cumpla. Para el 2021, no se ha considerado dicha enmienda, pero toca a los técnicos del sector y en el marco del PEN, proponer proyectos, considerando la opinión de la comunidad educativa.
El año educativo nos enseña que las grandes aspiraciones no serán posibles, sino contamos con un Proyecto Nacional de Desarrollo, como marco del Proyecto Educativo Nacional que marque nuestro devenir. En esas condiciones, los retos al bicentenario son los siguientes:
1. Desarrollar un gran debate nacional para definir el proyecto país que necesitamos construir, afirmando nuestros valores democráticos, país unitario y descentralizado, equidad con justicia social, desarrollo integrado y regeneración moral.
2. Generar debate y conciencia ciudadana en la lucha por el respeto y la práctica de los valores que debemos promover en el bicentenario. La corrupción no puede ser soslayada, denunciarla y erradicarla debe ser nuestro reto.
3. Promover una labor organizada y colaborativa del sector educación. El desarrollo educativo presencial, semipresencial y virtual propuesta por el MINEDU debe permitir asegurar algunas condiciones básicas como escuelas con bioseguridad, conectividad, herramientas tecnológicas para todos los estudiantes de escasos recursos y los docentes, fomentando su buen uso, la alfabetización digital y la sostenibilidad de los mismos.
4. Escucharnos más, reflexionar sobre nuestra práctica docente y evitar ser solo implementadores de las directivas del sector, para fomentar la cultura investigativa y el trabajo creador e innovador, con el apoyo de instituciones aliadas como el FONDEP, el CNE, UNESCO, UNICEF, Foro Educativo, Derrama Magisterial, el CPPe, el SUTEP, los padres de familia.
5. Desarrollar las competencias docentes en el manejo de las herramientas tecnológicas y recursos pedagógicos.
6. Promover las buenas prácticas como algo cotidiano y no como la excepción. Es decir, la labor docente eficiente debe ser algo sostenido y permanente.
7. Conocer la normatividad del sector y asumir su rol con amplitud, con criticidad y razonabilidad. Se debe cerrar programas controlistas, y promover una efectiva descentralización educativa con vigilancia ciudadana activa.
8. Promover la autonomía de las escuelas como instancias de gestión, generación de ideas y modelos pedagógicos que ayuden en el desarrollo de la ciudadanía.
Lima, 29 de diciembre de 2020
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Pablo Helí Ocaña Alejo
Decano Nacional
Director de Prensa, Eventos y Publicaciones.
